El Ministerio de Cultura, presionado por las diversas sociedades de gestión de derechos de autor, productor, ejecutantes, etcétera, está empeñado en fijar el supercanon a los instrumentos de reproducción de todo tipo. El establecimiento de esta supertasa parte de la misma falaz interpretación que en su día se utilizó para gravar los soportes, que todo el que compra un aparato susceptible de reproducir algún contenido lo utiliza para hacer copias masivas y, por lo tanto, para hurtar los derechos de autor.

La argumentación no resiste el más somero análisis desde el punto de vista jurídico-formal, al atribuir a un comportamiento posible la categoría de hecho probado. Las más profundas raíces del derecho se conmueven con una argumentación tan simplista y, lo que a la postre es de lo que se trata, tan parcial y benéfica para colectivos que, en su mayoría, gozan ya de apoyos públicos para la realización y producción de estas obras. Los usuarios, que, en el caso del cine español, ya han pagado en impuestos las subvenciones para la producción, pagan nuevamente por un hipotético título de reproductores abusivos de la obra.


Hay un segundo aspecto en la norma, tanto más criticable y sobre el que el Ministerio de Industria ha puesto pie en pared, que es el efecto que sobre los precios de compra de toda suerte de aparatos susceptibles de reproducir tendrá el supercanon. Los fabricantes tienen legítima convicción de que será un obstáculo para la mejora del parque tecnológico español y, por lo tanto, para la implantación de la sociedad de la información en todos los ámbitos.

Lo mejor que se puede decir del sistema del canon es que está obsoleto, ya que en el mundo digital existen tecnologías que permiten controlar el respeto a los derechos de autor, como los sistemas anticopia TPM o de gestión DRM.

El Ministerio de Cultura, espoleado por las sociedades de gestión, confunde a propósito la copia privada con la piratería. Con el supercanon no se puede compensar esta práctica ilegal. El sistema más efectivo es que el derecho de autor y de reproducción se incorpore al precio del producto, no del aparato reproductor, pero los autores lo rechazan porque perjudica sus ventas. Pero no les importa que las ventas de otros sean las que paguen el pato.

Fuente: Editorial de La Gaceta